La mayoría de las personas acude al médico con una finalidad eminentemente preventiva, para cuidar de su salud. Igualmente, es habitual que aseguremos la casa, el vehículo, la vida… Sin embargo, esta cultura preventiva aún no ha calado en el ámbito de los problemas legales. Si la medicina preventiva promueve la buena salud, ¿Por qué razón los ciudadanos, bajo determinadas circunstancias, no están interesados en promover tanto la reducción de futuros problemas legales como la de menores costes legales?
La respuesta a esta cuestión es muy compleja debido a que nos enfrentamos a un problema de percepción social. Es un hecho constatado que la población en general considera que los abogados son profesionales que solo deben ser consultados como último recurso, es decir, cuando algo ya va mal y ya no queda más remedio que buscar su consejo. El abogado es un profesional que sirve para resolver problemas, un “apaga fuegos”. Es entonces cuando consultamos a nuestros conocidos para que nos recomienden a un buen abogado, quien aparece en escena quizás demasiado tarde y la llama ya haya prendido…
Ciertamente, es posible que los propios abogados hayamos contribuido a esa visión, ya que nuestra propia cultura profesional nos enseña que los conflictos encuentran su solución en el contexto hostil del litigio basado en el axioma del ganador/perdedor, y esto es lo que siempre ha entendido nuestra sociedad, pero también el ciudadano ha contribuido a ello eludiendo la intervención de un profesional, bien porque sobreestima su propia capacidad y conocimiento para controlar la operación (por ejemplo, una compraventa o un arrendamiento), bien porque decide ahorrar los costes adicionales del abogado.
Sin embargo, todos los abogados somos conscientes de que este modelo no funciona, como lo son la inmensa mayoría de los clientes que han tenido que sufrir un litigio. Vivimos en una sociedad reglamentada en la que el conflicto jurídico puede asomar a la vuelta de la esquina sin que hayamos participado en su causa, situaciones que tienen que resolverse en unos Juzgados y Tribunales que se encuentran colapsados en todos sus niveles y cuya capacidad de respuesta es lenta y limitada y, para colmo, los procesos son costosos y rodeados de una peligrosa incertidumbre que, sea cual sea el resultado, siempre cobran un elevado coste emocional a las partes, por no decir un alto coste económico.
En todo caso, para el abogado, la asesoría preventiva equivale no solo a colaborar con la justicia, sino también a mantener una relación duradera y no ocasional con los clientes, lo que supone una fidelización de los mismos.
